España y la memoria de la Guerra Civil

Toda la población española tiene alguna historia familiar, aunque sea desconocida para ellos mismos, en referencia a la Guerra Civil y el franquismo. No se conoce la cifra exacta de las víctimas de la guerra y la dictadura, aunque los últimos datos afirman que unas 30.000 personas fueron víctimas de grupos de izquierda diversos entre 1936-1939; más de 200.000 murieron en el frente, unas 10.000 personas murieron durante los bombardeos (según Hugh Thomas), y más de 200.000 (según Paul Preston), murieron a manos de los sublevados y durante la dictadura franquista, entre 1936 y 1975. Aparte de estos tenemos que contar con los desaparecidos en las cunetas, que se estima en unas 140.000 personas más.

Tampoco son precisos los datos de las personas que sufrieron represalias o pasaron por los campos de concentración, de los que hubo 188 en la España franquista, además de diversos centros de prisioneros. También más de 130.000 personas pasaron por los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, que a menudo no habían cometido ningún delito y que eran obligados a trabajar forzosamente.

Para muchos españoles, la Guerra Civil configuró un elemento vertebrador de su relación con el presente, algo que se puede explicar por el hecho de que es un acontecimiento que genera representaciones simbólicas imprescindibles para la transmisión de las experiencias primordiales para apropiarse de los objetos y repensar los acontecimientos, pero también determinante en los procesos de formación de identidades y las formas de comunicación.

Las personas que se involucran con esta memoria lo hacen a través de su simbolismo, de una cierta interpretación de la historia que, en definitiva, es lo que la hace esencial en la percepción de nuestro presente. La configuración de esta memoria permite que, aunque aquellos que la vivieron directamente desaparecen progresivamente, su recuerdo sobrevive a través de sus descendientes y en la memoria colectiva de nuestra sociedad.

Pero las polémicas sobre la memoria afectan también a la propia interpretación que hacemos del conflicto, del franquismo y de sus consecuencias. Sus diferentes lecturas e interpretaciones son una muestra de la necesidad que tiene la sociedad española de analizar constantemente la relación que su sociedad mantiene con el conflicto y la dictadura. Pero estas controversias son también un reflejo de la existencia de varias memorias del franquismo, pero también un reflejo de las divisiones que el conflicto generó y que el franquismo enquistó en la sociedad española. En este ambiente, numerosas minorías y grupos han reclamado su derecho a la memoria, con la multitud de consecuencias sociales, políticas y culturales que ello implica.

Cuando analizamos los conceptos de memoria colectiva debemos romper con los marcos tradicionales; analizar las rupturas y continuidades, desde el punto de vista de la memoria; analizar las fuentes y los vectores de esa memoria; qué papel desempeñan los medios de comunicación, la educación o la cultura; el papel de los archivos en su elaboración; analizar esa memoria a través de su uso, difusión y reapropiación, etc. Todos estos elementos convierten a la memoria en un objeto muy maleable, permitiendo que cualquier transmisión del pasado sea un proceso continuo de reformulación y reestructuración.

La memoria es un elemento plural que no puede ser constreñido por una verdad absoluta, ya que eso eliminaría uno de sus aspectos más importantes y, al mismo tiempo, más interesantes: su adaptabilidad. El pasado no se puede transmitir como un bloque homogéneo inalterable. Como señala Pierre Nora, “la historia propone, pero el presente dispone”. Es por eso que los individuos y las instituciones son capaces de apoderarse de forma más o menos fácil de estos sistemas simbólicos y de ese modelo de representaciones. Por eso es necesario establecer un amplio debate sobre la naturaleza de las representaciones vinculadas al franquismo, su percepción como un mito o como un relato con fuerte capacidad de movilización social.

Esto debe permitirnos asumir un aspecto esencial de la Guerra Civil y del franquismo y de su dimensión simbólica: refleja los traumas del siglo XX y pone de manifiesto el trauma que supuso ese período en un momento determinado del pasado.

Casi 80 años después del final de la Guerra Civil aún es muy difícil encontrar información precisa sobre todas las víctimas del conflicto y de la dictadura franquista, especialmente debido a la dispersión de los documentos en multitud de archivos académicos, privados y militares, de ámbito y acceso muy diverso.

Para organismos internacionales, tales como la ONU, es especialmente preocupante que la mayoría de las recomendaciones para que los familiares de los desaparecidos puedan investigar el destino o el paradero de sus seres queridos, tener acceso a la justicia y reparaciones, no han sido implementadas, sino que, hasta hoy, los gobiernos españoles han dejado a los familiares a su suerte, sin apoyo, pero con una gran cantidad de trabas y obstáculos para llevar a cabo esas actividades.

En 2008 las listas de desaparecidos sumaban a más de 115.000 personas, cifra que posteriormente se ha ido incrementando hasta los casi 150.000 desaparecidos. Hasta ahora, la mayoría de esos desaparecidos han sido solo unas cifras sin rostro, sin historias, y los protagonistas han permanecido ocultos, en parte porque nunca se les había reconocido oficialmente como víctimas o porque no todos han tenido la misma convicción y persistencia que algunas asociaciones e iniciativas populares. Y, a pesar de los últimos avances, aún queda mucho trabajo por hacer.

La sociedad española tiene una imperiosa necesidad de saber qué sucedió con los miembros de sus familias, cuál fue el alcance de la represión y quiénes fueron los afectados. Esta necesidad social contrasta con la dificultad de acceso y la fragmentación de la información. A pesar de esa fragmentación y dispersión no parece haber una voluntad política de preservar la memoria con una auténtica visión de conjunto, a pesar de las muchas iniciativas que se están llevando a cabo desde algunos sectores.

También algunas administraciones públicas han comenzado a tomar iniciativas destinadas a fomentar el conocimiento sobre la represión franquista. En Galicia se ha impulsado una base de datos de víctimas gallegas de las represalias. El gobierno vasco ha publicado una lista de personas muertas y/o desaparecidas en Euskadi, y centraliza toda la actividad. El gobierno navarro ha indexado más de 42.000 fichas de combatientes de la Guerra Civil y más de 1.500 sentencias de los Tribunales de Responsabilidad Política. La Generalitat de Catalunya ha impulsado el Memorial Democràtic como una forma de agrupar diferentes iniciativas. A esto hay que sumar los numerosos archivos, de todo tipo (militares, administrativos, autonómicos, comarcales, judiciales, municipales, eclesiásticos, etc.) en los que se puede conseguir alguna forma de información sobre la Guerra Civil.

La política de olvido impulsada durante la Transición ha hecho que aún hoy miles de familias desconozcan la suerte de sus seres queridos. Informar sobre el destino de esas personas desaparecidas es la primera demanda social, que ahora ha comenzado a cristalizar gracias a los movimientos de recuperación de la memoria. Lo más importante, en el fondo, es que a estas alturas las administraciones no han creado aún los mecanismos necesarios para proporcionar esta información sobre sus ciudadanos.

La sociedad debe conservar su memoria como forma de identidad común, un elemento de conocimiento y reconocimiento de su identidad colectiva. La conservación y la recuperación de la memoria histórica no es una tarea imposible: es una cuestión de voluntad (política y social) y de implicación de recursos por parte de la administración del Estado. Y así ha quedado demostrado repetidamente gracias a las iniciativas populares que han tenido como objetivos fundamentales tomar conciencia social, pero también la recuperación de la memoria colectiva, que ha permanecido oculta durante demasiado tiempo.

Debido al impulso de determinados grupos sociales, económicos, culturales y políticos se ha desarrollado una corriente “revisionista”, un término utilizado en Alemania en referencia al Nazismo y el Holocausto, que intenta difuminar la crueldad y responsabilidad social e individual de los criminales del franquismo. De esto estamos teniendo pruebas en los últimos meses, en referencia al debate sobre el Valle de los Caídos, cuando salen militares en la reserva para defender la figura del dictador y justificar sus crímenes. Estos argumentos, gracias a cuidadas campañas mediáticas, están teniendo una gran repercusión pública, algo que se ve agravado por el hecho de que la sociedad española se ha visto “adormecida” por las políticas de amnesia desde la Transición, porque los vencidos de la Guerra Civil fueron nuevamente derrotados en esa Transición. Aún tenemos una gran deuda de justicia histórica que nuestra sociedad tiene con los colectivos de represaliados del franquismo y que nuestras instituciones deben plantearse abiertamente.

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