Para entender el olvido

La memoria es un concepto impreciso, aunque está dotado de una gran fuerza de significados y valores. Es por ello que debemos insertar nuestro interés por la memoria dentro de un marco cultural más amplio, para convertirla en una valiosa herramienta que convierta los valores de la memoria en un recurso de identidad colectiva. Hay que recuperar la memoria de las personas, de las víctimas, de sus familiares y, sobre todo, de los supervivientes, pero también hay que recuperar los espacios físicos de esa memoria, especialmente aquellos que tienen un mayor valor simbólico o emocional.

La memoria es patrimonio de una sociedad que asume su historia y su cultura, como suma de los acontecimientos, vivencias y emociones que conforman nuestra personalidad y la forma de entender nuestra sociedad.

Los principales países europeos disponen de una legislación específica, creada en algún momento tras el final de la Segunda Guerra Mundial, que condena la apología del nazismo y del fascismo, la negación del Holocausto o conductas similares, y que impone multas e, incluso, penas de prisión para los casos más graves. En España nunca se ha legislado en este sentido, y en 2013 el Congreso rechazó, con los votos del PP, una moción para que se tipificara este tipo de conductas.

El franquismo fabricó todo un entramado de memorias distorsionadas, transmitidas desde el final de la Guerra Civil, que debe combatirse desde la democracia, a través de políticas de Estado y atacando los símbolos de esa memoria, como el Valle de los Caídos, o el olvido de aquellos que están enterrados en las cunetas. Para esto es necesario que los gobiernos cambien, de verdad, las tendencias en este país, para seguir avanzando en la defensa de las víctimas del franquismo. Es decir, que el Estado debe asumir el liderazgo necesario para dar reparación a las víctimas, a sus familias, y buscar una verdadera justicia.

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Monumento a los republicanos españoles en el memorial de Gusen

Las cicatrices de la Guerra Civil, tan cacareadas por algunos, sólo podrán cerrarse cuando se solucione definitivamente el tema de las fosas comunes, la historia de los represaliados, de los trabajadores forzosos, de Cuelgamuros, etc., porque conocer la verdad de lo que ocurrió es la mejor garantía de que algunas cosas no se repetirán. Aquellos que defienden la idea de que la memoria histórica trata de abrir heridas y que se debe “pasar página” son los mismos que defienden las bases sobre las que se sustenta la desmemoria. Fernando Martínez López, director de Memoria Histórica del gobierno de Pedro Sánchez, señaló que cree que las páginas, antes de pasarlas, hay que leerlas y que las heridas se cerrarán cuando se abran las fosas comunes y se puedan entregar los restos a sus familiares, para que les den digna sepultura.

En este sentido, la educación de los más jóvenes se convierte en un elemento esencial, porque el conocimiento de lo que ocurrió es la máxima garantía de que no vuelvan a tener lugar hechos similares. Se trata de dar los elementos, las herramientas necesarias para construir una sociedad que mire al futuro en un marco de concordia, reconciliación y convivencia. Gracias a esa educación evitaremos que el miedo que se sembró durante el franquismo, y que no sólo dejó huella sobre nuestros padres, sino que también marco sociológicamente una parte de nuestra propia generación y, por supuesto, de las instituciones democráticas, siga marcando el recuerdo de ese período.

Pero no es sólo desde las organizaciones estatales que debe llevarse a cabo esta tarea. También las organizaciones y movimientos sociales, de derechos humanos, han permitido colocar la cuestión de la memoria histórica en la agenda pública y social, y no van a parar hasta que se consiga la reparación integral de las víctimas del franquismo. Pero se trata también de una respuesta que se exige a España desde los organismos internacionales: nulidad de los tribunales de excepción y sus sentencias, creación de una Comisión de la Verdad, impulso del Estado de la búsqueda de los desaparecidos, de los bebés robados, nuevo impulso a la retirada de la simbología franquista, apertura de los archivos, etc. Hasta ahora, según ha denunciado en numerosas ocasiones la ONU, España está incumpliendo gravemente las obligaciones internacionales, en una situación que no debe continuar.

El escenario actual en España mantiene intacta la impunidad del franquismo y los reiterados incumplimientos desde la perspectiva de los derechos humanos. Esta anomalía concierne a la sociedad española, como conjunto, y a las instituciones representativas. Hasta ahora, las instituciones públicas han ignorado e incumplido de forma sistemática sus obligaciones de colaborar con los procesos judiciales que investigan los crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos durante el franquismo. Este bloque ha llevado a denegar la ejecución de órdenes internacionales y las extradiciones de imputados a Argentina, en la causa de la jueza Servini. Así, España debe asumir la aplicación del principio de legalidad internacional y la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad.

Para lograr esos objetivos es imprescindible acabar con el obstáculo de los “argumentos jurídicos” que han servido como excusa, como en el caso de la Ley de Amnistía. Todos estos elementos sirven para mantener una política de impunidad, contrario a los estándares democráticos internacionales.

Que en el año 2018 aún estemos debatiendo qué hacer con el Valle de los Caídos o con los restos del dictador, demuestra la debilidad de nuestra “democracia” y la extensión de la mentalidad fascista que aún existe en nuestro país.

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