El absurdo de intentar reescribir la historia

Me he despertado esta mañana con la noticia de que la Universidad de Alicante ha CENSURADO una serie de artículos de investigación histórica del catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá. En ellos se nombraba al alférez del ejército franquista Antonio Luis Baena Tocón, que participó como secretario judicial durante el juicio que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández, una condena que sería conmutada por la de treinta años de prisión, que provocó su muerte por enfermedad, a los 31 años.

Esta decisión de CENSURAR estos artículos ha venido motivada por la petición del hijo de Baena Tocón que, amparándose en la ley de protección de datos personales y el recientemente aplicado reglamento europeo, ha anunciado una solicitud de reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos, así como el inicio de un procedimiento judicial contra la Universidad de Alicante, en caso que los datos de su padre no sean retirados.

La Universidad ha estimado la petición y ha CENSURADO el nombre completo de Baena Tocón, amparándose en la peregrina idea de que éste no puede ser considerado una “figura pública”, por lo que debe garantizarse la protección de supresión y el derecho al olvido digital del afectado. Se trata, según la institución, de una decisión cautelar y provisional, a la espera de la decisión definitiva que se adoptará después del informe de una comisión en referencia a este tema.

Desde el momento en que se dio a conocer la decisión, hace ya unos días, numerosos académicos han manifestado en las redes sociales sus dudas y su temor ante esta decisión. Esta forma de CENSURA ha abierto un debate sobre los límites de la libertad de expresión, en referencia a la investigación académica. El profesor Ríos Carratalá ha señalado que en su trabajo se analiza la participación de quienes formaron parte de los tribunales relacionados con el Juzgado Especial de Prensa durante la primera fase de la postguerra: el tribunal llevaba a cabo una labor esencial a las órdenes de los jueces como era el expurgo y vaciado de los fondos de la prensa republicana depositados en la Hemeroteca Municipal de Madrid, buscando delitos que pudiesen imputarse a los autores. En estos tribunales, el secretario judicial era una figura pública, era una causa pública, en un tribunal público, y por eso consta en los documentos de la época.

Los datos aportados no afectan a la vida privada del afectado o sus descendientes, y fueron aportados por los archivos militares de Madrid y Segovia. Además, se trata de unos datos conocidos desde comienzos de los años 1990, gracias a diferentes publicaciones académicas que nunca fueron objeto de reclamación por parte de Baena Tocón, cuando aún estaba vivo.

Lo que está pasando puede convertirse en un grave atentado contra el derecho fundamental de libertad de expresión, que afecta gravemente como una forma de CENSURA a la investigación y la divulgación histórica. Pero también se ha convertido en una forma de blanqueamiento del pasado de nuestro país porque, si no podemos hablar sobre los protagonistas (más grandes o más pequeños) de la historia de nuestro pasado, entonces tenemos un problema. Todos debemos asumir el pasado de nuestras familias. Porque no es nuestro pasado, no son nuestras acciones, sino las de nuestros familiares, las que se están CENSURANDO.

En definitiva, lo que pretenden los descendientes de Baena Tocón es reescribir la historia de su familiar, blanquear las acciones de su familiar y, por extensión, del franquismo. Y lo hacen con una ley que no está diseñada para eso, en lugar de asumir lo que hizo su familiar y que los historiadores han explicado de forma totalmente objetiva.

Pero lo peor no es la actitud de la familia. Al fin y al cabo, supongo, intentan proteger su pasado. Para mí, lo peor es la actitud de la Universidad de Alicante, que se deja extorsionar ante una amenaza de una querella, que se ha rendido a la coacción, y ha decidido actuar sin ser consecuente con lo que significa la investigación histórica y, por tanto, aplicando medidas de CENSURA que no van a llevarles muy lejos. ¡O así lo espero! Ya hace tiempo que vamos viendo cómo algunos sectores de la sociedad más rancia intentan blanquear su pasado familiar, CENSURANDO a aquellos que denuncian las actividades de sus antepasados durante el franquismo. A algunos han llegado, incluso, a presentarlos como a víctimas de despiadadas campañas por parte de sectores de la izquierda más radical. Pero, no debemos olvidar que los historiadores presentamos hechos contrastables. Y estamos hablando de personas que llevaron a cabo actividades que tuvieron consecuencias, en ocasiones muy graves, para las vidas de aquellos a los que se reprimía.

Este artículo se publicó en El Estado, 19 de junio de 2019

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