La represión franquista de la Iglesia: 51 años de la cárcel concordataria de Zamora

Tras el final de la guerra, y con el paso del tiempo, algunos sacerdotes jóvenes fueron replanteándose su papel, y pivotaron hacia posturas más democráticas y de izquierda. Gracias a ese cambio de mentalidad, se convirtieron en elementos imprescindibles para el antifranquismo, participando en la lucha o cediendo sus parroquias para las reuniones clandestinas. Así fue, por ejemplo, como en 1964 se fundó Comisiones Obreras en la parroquia de Sant Medir, de Barcelona.

El historiador Fernández Hoyo cita una encuesta sobre el clero, publicada en 1969, donde se afirmaba que casi la mitad de los curas españoles se identificaba con posturas políticas de izquierda. Entre los más jóvenes, el 47% era partidario del socialismo, y sólo el 10% apoyaba a la dictadura. Esta situación cambiaba, radicalmente, a medida que se ascendía en el escalafón eclesiástico.

Según Guy Hermet, entre 1972 y 1975, 120 sacerdotes (entre ellos 96 del País Vasco) fueron sometidos a diligencias judiciales o encarcelados; además, se multó a 108 curas más.

El Concordato de 1953 entre España y el Vaticano, establecía que un sacerdote no podía ser juzgado por un tribunal civil, sin el permiso de la autoridad eclesiástica. Tampoco podían cumplir condena con el resto de la población reclusa, sino que lo harían en una casa eclesiástica o en instalaciones en que no hubiese laicos. Debían estar separados del resto de los presos, ya fuesen políticos o sociales. Sin embargo, la posibilidad de cumplir condena en una casa eclesiástica era compleja, porque pocas congregaciones estaban dispuestas a aceptar a reclusos antifranquistas, y si la congregación no era demasiado afín al régimen, los miembros de la misma podían confraternizar con el preso.

(…) damos nuestra conformidad para que puedan cumplir el arresto supletorio en una Penitenciaría del Estado, con tal que estén en locales distintos de los seglares. Aceptamos cumplan arresto en la penitenciaría de Zamora (Pablo Gurpide, obispo de Bizkaia, 1968)

Estas consideraciones fueron las que llevaron a la creación de la prisión concordataria de Zamora, una prisión en la que el franquismo encerró a religiosos que se opusieron al régimen. Se trata de una represión nunca reconocida, símbolo del pacto entre la Iglesia católica y la dictadura de Franco.

El primer preso internado fue Alberto Gabikagogeaskoa, en julio de 1968, acusado de pronunciar una homilía subversiva, que le llevó a ser juzgado por propaganda ilegal. En su sermón, había denunciado que en las prisiones del País Vasco se torturaba a los presos. El Tribunal de Orden Público (TOP) lo condenó a seis meses de cárcel y una multa de 10.000 pesetas.

Aunque el clero, en general, se posicionó a favor de la dictadura, hubo algunos sacerdotes y religiosos que no lo hicieron, protestando sobre todo contra la represión, las torturas y los asesinatos. En Zamora se internó, sobre todo, a sacerdotes que se distinguieron por su lucha contra la dictadura, en defensa de los derechos nacionales y de la clase obrera, con todos los medios a su alcance.

La cárcel concordataria de Zamora fue un pabellón de la cárcel provincial, destinado a albergar a los miembros del clero que se oponían al franquismo, como destino para los denominados curas “rojo-separatistas”. Fue la venganza del nacional-catolicismo contra las “ovejas negras” (o rojas) de sus congregaciones. Una venganza de la dictadura, bendecida por la jerarquía eclesiástica.

Muchos de los sacerdotes ingresados en esa cárcel eran de origen vasco, aunque muchos otros llegaron desde todos los puntos de España, y por los “delitos” más diversos. A menudo, fueron torturados y vejados, ya en los cuarteles de la Guardia Civil. Allí iniciaban su propio camino hacia el martirio.

De los más de un centenar de religiosos que pasaron por la cárcel concordataria ce Zamora, 21 sufrieron juicios sumarísimos y otros 10 fueron llevados ante los Tribunales de Orden Público.

En la prisión de Zamora las condiciones eran extremas: el frío era enorme, el calor asfixiante; la comida escasa y de mala calidad, y los presos compartían los paquetes que enviaban los familiares; y el control sobre los presos era férreo y brutal. Las visitas eran supervisadas y controladas. La correspondencia era muy limitada y previamente censurada. Todo esto formaba parte del sistema de represión que servía para asfixiar a los presos. Eran elementos que pasaron a formar parte de la vida cotidiana de la prisión.

En 1969 llegó a la concordataria un grupo de sacerdotes, condenados por encerrarse durante tres días en el obispado de Bilbao, donde iniciaron una huelga de hambre. Su protesta estaba dirigida contra las torturas que sufrían los presos políticos, a raíz de la declaración del Estado de Excepción en toda España.

En 1971, un grupo de presos intentó poner en marcha una fuga. Excavaron un túnel de 15 metros, ayudados únicamente con sus manos y cucharas, con el que intentaron escapar. Sin embargo, el plan fue descubierto y abortado, pocos días antes de culminar con la fuga.

En 1973, seis de los siete presos religiosos se amotinaron (el restante estaba demasiado enfermo), con la exigencia de ser trasladados a otra cárcel, o cumplir la condena con el resto de los represaliados por motivos políticos. Durante el motín, destrozaron todo lo que estaba a su alcance y prendieron fuego al altar de la capilla, como forma de protesta. En una nota de los sacerdotes amotinados, estos señalaban que “(…) nos hemos visto obligados a quemar y destrozar por nuestra cuenta esta vergonzosa cárcel, puesta por la iglesia y por el Estado, en favor de sus intereses y en contra de nuestras convicciones más profundas”. El motín se saldó, para los religiosos, con entre 75 y 120 días de encierro en celdas de castigo y aislamiento. La reacción de los presos fue iniciar una huelga de hambre y lanzar un comunicado, obteniendo algo de repercusión en el exterior de la cárcel.

En 1976 recuperó la libertad el último religioso de la cárcel concordataria de Zamora, Julen Kalzada.

Tras varios años de protestas y huelgas de hambre, apoyadas tanto por los presos como por colectivos de religiosos en el exterior, la cárcel concordataria desapareció en 1976. Poco después desapareció también el privilegio que impedía procesar a miembros del clero, sin el consentimiento episcopal.

Actualmente, las instalaciones de la prisión de Zamora están abandonadas y en ruinas.

Los carceleros del régimen franquista en Zamora, igual que otros muchos engranajes de la represión de la dictadura, quedaron en la absoluta impunidad. Pero tampoco la Iglesia pidió perdón a sus religiosos por su vergonzoso papel en la historia de la cárcel concordataria de Zamora. O, más concretamente, su papel en la dictadura. Pero tampoco ha sido un colectivo reconocido por los gobiernos de la democracia, que también han silenciado este capítulo de la represión, una actitud incomprensible.

Por eso, dieciséis sacerdotes vascos encarcelados en Zamora se han integrado en la querella argentina contra los crímenes de la dictadura franquista.

Para estos, como para otros muchos represaliados durante el franquismo no ha habido ni justicia ni reparación. Cuando la memoria viva de estos acontecimientos desaparezca, sólo nos quedará el recuerdo de lo que ocurrió. Por eso, es necesario que nada se olvide.

Artículo publicado en ElEstado.net, el 17 de octubre de 2019

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