España y su memoria: la necesidad de recordar y el problema de la desmemoria

A pesar de que a la mayoría pueda parecernos que la petición de recuperar a los desaparecidos que están en las cunetas podría ser legítima, aún queda muchísimo camino por recorrer. Se trata de un largo proceso que ha enfrentado a las asociaciones de víctimas, grupos memorialistas, familiares, historiadores, etc., con todas las trabas que algunos sectores han interpuesto en ese camino. Sectores que buscan el olvido porque esgrimen la excusa de que las “heridas del pasado no deben reabrirse”, como si esas heridas se hubiesen cerrado en algún momento.

Los españoles que fueron represaliados, asesinados, fusilados, que aún se encuentran en las cunetas, etc., son muchos. Muchos de sus cuerpos aún siguen enterrados, sin identificar, en cunetas, en fosas que muchos conocen, pero que aún están ocultas, por un temor atávico que aún sella muchos secretos. Según el Ministerio de Justicia, de las más de 100.000 personas ejecutadas por el franquismo, apenas una cuarta parte podrá ser recuperada, y como máximo, unas 7.000 podrían ser identificadas. El resto nunca podrá ser localizado o identificado. Desde el año 2000 se han abierto en España casi 800 fosas, y se han recuperado más de 9.000 cuerpos, pero sólo gracias al impulso de las asociaciones y escaso apoyo institucional.

Por un lado, las familias, las asociaciones, los historiadores han forjado un movimiento incansable e incómodo, que desde hace décadas deja en evidencia que en España no ha habido verdad, justicia o reparación real para los represaliados del franquismo. Por otro lado, los diferentes gobiernos de la democracia han pasado de puntillas por el tema de la memoria histórica y las medidas que se tomaron han sido siempre insuficientes e incompletas. Incluyendo la Ley de Memoria Histórica de 2007, impulsada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy en día, cuando es totalmente imposible obviar el problema, hay quien mira para otro lado e, incluso, rechaza buscar una solución al mismo. Y por eso mismo, el problema sólo ha sido encarado por los sectores más progresistas.

El movimiento memorialista ha conseguido un amplio apoyo y respaldo de algunos sectores sociales, la indiferencia de muchos, y la franca oposición de la derecha conservadora y la extrema derecha, porque su electorado, los hijos y nietos del dictador, están en contra de superar un pasado que les permite, siempre, conseguir réditos políticos.

El proceso de recuperación de la memoria ha surgido al margen de los partidos políticos. En este período, la sociedad española ha tenido acceso a su propia memoria colectiva: la existencia de los campos de concentración, los exiliados, los bebés robados, los desaparecidos en las cunetas, los esclavos que sufrieron trabajos forzosos, etc. Pero también ha generado una reacción por parte de una derecha que, sociológicamente, sigue vinculada al franquismo, y que ha fomentado un revisionismo histórico que trata de difundir una interpretación de la Guerra Civil y de la dictadura que es la misma que se estableció durante el régimen franquista. Todavía existen en España miles de calles y monumentos que ensalzan al franquismo y a sus “personalidades”.

En este contexto, uno de los peligros a los que nos enfrentamos es la llegada al poder de partidos políticos que se oponen a la recuperación de la memoria. Esas formaciones pueden echar por tierra todo el trabajo que se ha hecho en los últimos años, como está pasando en Andalucía, la comunidad autónoma que más había avanzado, práctica y legalmente, del Estado y que el gobierno de PP y Ciudadanos, con el apoyo de VOX, está intentando hacer retroceder. Un gobierno similar, a nivel estatal, impondría la recuperación de la historia que se extendió durante la Transición, desandando todo el camino hecho hasta ahora.

Hace falta también derogar la Ley de Amnistía (1977) que se convirtió en el germen de la impunidad franquista. Si la ley debía vaciar las cárceles de personas que habían sido encarceladas por su lucha antifranquista, acabó convirtiéndose en el escudo protector para los asesinos, represores, torturadores que impusieron una ideología de terror entre los que se oponían al régimen, o entre los que, por sus creencias, orientación sexual, etc., no tenían sitio en el régimen. Hay que señalar a los culpables, a los responsables de la dictadura y de sus mecanismos de terror. Pero también a todos aquellos que se beneficiaron del expolio de la mano de obra esclava, de la incautación de propiedades robadas, etc., que fundamentaron algunas de las grandes fortunas de este país.

Con el paso del tiempo se ha comprobado que la Ley de Amnistía es un obstáculo para las denuncias interpuestas por crímenes contra la humanidad, ya que impide juzgar los delitos cometidos por el franquismo. Un buen ejemplo de esto lo hemos tenido con el caso de Billy el Niño.

La situación de los debates, en España, han sido una consecuencia del sistema de partidos, desde la Transición, que han instrumentalizado estos temas de historia y memoria.

El reconocimiento de las víctimas permitiría desenquistar muchas de las reivindicaciones, y solucionaría muchos de los problemas de carencia democrática que tiene este país. Porque la principal anomalía democrática es que las víctimas tengan la consideración jurídica de “víctima”, con las ventajas que eso conllevaría. Se trata de un problema jurídico de fondo, del que surgen todos los demás. Por eso es necesaria una ley integral de víctimas del franquismo que permita regularizar su situación.

Las fosas comunes, los conflictos con el callejero, la exhumación de Franco, son cuestiones que han adquirido una gran relevancia en los últimos años. Y esto ha provocado un debate social y político de gran crispación, atizado por algunos sectores de la derecha más rancia de Europa.

El problema de la memoria en nuestro país se fue agitando, a medida que los nietos de la generación de la guerra, de los vencidos, comprendieron que su historia también era importante, comprendieron las deficiencias de la “modélica” Transición, cuando empezaron a abrir las fosas, a buscar a sus familiares, a buscar su historia. Se trata de una generación que no participó en el pacto de silencio sobre el que se edificó la Transición.

Al mismo tiempo, la imagen del franquismo, sus monumentos, su narrativa, su negación de los hechos, se ha mantenido inamovible durante décadas. La transmisión de la memoria a las generaciones posteriores se ha visto enormemente dificultada por la falta de justicia transicional, la división entre vencedores y vencidos y la posterior represión de la memoria en el proceso de Transición democrática.

Los contenidos que se imparten en el currículo académico español son, en el mejor de los casos, deficitarios y, en el peor, inexistentes. Por eso, los jóvenes españoles no conocen al dictador o las consecuencias que tuvo la Guerra Civil y el régimen franquista.

La recuperación de la memoria en España pasa por una implicación real de la sociedad, de las instituciones y de los gobiernos (que hasta ahora no han tenido un papel demasiado “glorioso”). El derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación que exigen las víctimas es un deber moral de la sociedad y de la democracia española. Esa recuperación es un proceso necesario, aunque complejo, como nos ha demostrado el ejemplo alemán. Y España no ha hecho bien sus deberes, sobre todo a la hora de buscar consensos.

La memoria no tiene que resucitar ningún debate político. Se trata únicamente de arrojar luz sobre la historia, investigar en los archivos, ahondar en los hechos. A pesar de lo que se pueda creer, aún son muchos los que ignoran los hechos, muchos pueblos en los que aún no se sabe qué ocurrió en la Guerra Civil se sigue desconociendo.

Es necesario reparar a aquellos que fueron juzgados. Pero también es necesario que los tribunales españoles dejen de negar sistemáticamente el acceso a la justicia a las víctimas. Se ha avanzado mucho, especialmente desde 2007. Pero aún arrastramos algunas de las claves de todo el proceso. Siguen sin resolver las violaciones de los derechos humanos, las reclamaciones de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Además, el papel de las administraciones sigue siendo, en el menor de los casos, secundario.

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