La nueva Ley de Memoria Democrática debe reparar las carencias de la Ley de Memoria Histórica

Ha iniciado su andadura la nueva Ley de Memoria Democrática, con su aprobación en el Consejo de Ministros. Ahora empieza su trámite parlamentario. La intención del gobierno es abrirse a las propuestas de los grupos parlamentarios, para que tenga el mayor apoyo posible.

La propuesta cumple con la mayoría de las propuestas planteadas por las asociaciones memorialísticas, muchas de ellas apenas tratadas en la Ley de Memoria Histórica de 2007, y que reflejan las carencias de dicha ley.

Durante años, tras su aprobación, asociaciones, académicos e instituciones internacionales han denunciado las carencias de esa ley inicial: la prohibición de la exaltación del franquismo, una mayor presencia en la educación, la anulación de los juicios sumarísimos, la falta de apoyo estatal en los procesos de exhumación, la vergüenza del Valle de los Caídos, etc. Y parece que ahora, trece años después, el gobierno español va a intentar solventar esas carencias en su nuevo proyecto.

La aprobación de la ley de 2007 supuso un auténtico hito para impulsar las medidas a favor de la reparación de las víctimas, pero los posteriores gobiernos del PP (especialmente gravosos para las víctimas gracias a las expresiones del entonces Presidente Mariano Rajoy de haber dejado sin efecto la ley, con la eliminación de los fondos destinados a sus actuaciones), frenaron el desarrollo de la misma e, incluso, revirtieron en diversos ayuntamientos algunas de las medidas que se habían implantado (por ejemplo, los debates judiciales sobre el callejero de algunas ciudades españolas).

La ministra Carmen Calvo señalaba que “no seríamos una gran democracia si no somos capaces de enfrentarnos con justicia a nuestro pasado”. Pero convendría recordarle que no lo hemos logrado durante más de cuarenta años de democracia, tras la muerte del dictador, a pesar de los gobiernos socialistas que ha habido en este período.

Ahora, la nueva ley introduce novedades legales muy importantes para intentar subsanar las carencias que hemos tenido, no desde 2007, sino también desde 1978, unas novedades para honrar a las víctimas y frenar a aquellos que se dedican a la exaltación de la dictadura.

Entre las principales novedades, como ya hemos señalado, muchas solventarán las carencias de la antigua ley de 2007: se introduce la prohibición de la exaltación del franquismo (incluyendo la prohibición de fundaciones que hagan apología, fomenten el odio, etc., como la Fundación Francisco Franco); una mayor presencia de la memoria histórica, la historia de la Guerra Civil y de la dictadura en el currículum académico; la creación de una nueva fiscalía para investigar las violaciones de los derechos humanos; anulación de los juicios sumarios y de sentencias de instituciones como el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo o el Tribunal de Orden Público; fomento de las exhumaciones de las fosas comunes, de las que se hará cargo el Estado; creación de un banco de ADN de las víctimas y sus familiares, para facilitar la identificación de los restos y de un censo nacional de víctimas; resignificación del Valle de los Caídos y su transformación en un cementerio civil; la condena expresa del golpe de estado de 1939 y de la dictadura; la eliminación de los títulos nobiliarios creados por el dictador (y entre los que se encuentran los nombres de Queipo de Llano, Carrero Blanco o Primo de Rivera, además del Ducado de Franco); investigación de los delitos relacionados con el trabajo forzoso de presos y que sirvió para enriquecer a grandes empresas que, aún hoy, cotizan en el IBEX35, etc.

Una nueva Fiscalía

Uno de los aspectos que, a mi modo de ver, serán más controvertidos, será la creación de una Fiscalía de Sala de memoria democrática en el Tribunal Supremo, para coordinar el trabajo de las instancias judiciales y la reparación de las víctimas. Esto permitiría la investigación de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil, la dictadura y el período hasta la aprobación de la Constitución de 1978. Pero también dará un mayor rango e importancia a la defensa de las víctimas.

Se trata, como se puede ver, de un paso definitivo para juzgar los crímenes del franquismo. Sin embargo, hasta ahora, cualquier intento de investigar los crímenes del franquismo han chocado con la barrera insoslayable de la Ley de Amnistía de 1977 que, según ha declarado la ministra Calvo, “no se toca”. Aquí tenemos una auténtica paradoja que será difícil de evitar. Si bien la Ley de Amnistía puede eximir de responsabilidad personal por los hechos, no impide la investigación de los mismos, y eso abre una puerta que no habíamos tenido hasta ahora para que la fiscalía especial comience a investigar los crímenes.

Además, también debemos tener presente la reticencia del ámbito jurídico a investigar y someter a juicio los vestigios del antiguo régimen dictatorial, que ha llevado a que se haya convertido en uno de los principales obstáculos para la aplicación de la ley de 2007.

Se encargará de proteger los derechos de las víctimas de la represión y la dictadura. A este organismo podrán acudir las familias para presentar denuncias de desapariciones, al amparo de los preceptos internacionales sobre derechos humanos suscritos por España.

El papel de esta Fiscalía, junto con la anulación de los juicios sin garantías de la dictadura son dos de los aspectos más delicados, desde el punto de vista jurídico, que afectarán a la tramitación de la ley, sobre todo por la postura de la derecha más reaccionaria.

Exhumaciones y censo de desaparecidos

Se trata de una de las medidas más importantes: el establecimiento de un plan de exhumaciones, sufragado por el Estado, y reconocer el derecho de las víctimas y sus familiares a investigar y conocer los resultados de las investigaciones. Eso permitiría hacer llegar a la fiscalía los indicios de comisión de delitos que se aprecien, al realizar las identificaciones. A su vez, la creación del censo genético de víctimas y familiares, permitirá recabar información sobre los fusilados, represaliados, exiliados y desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, tal como han recomendado repetidamente las Naciones Unidas.

Se buscará también la colaboración entre las diferentes administraciones (por ejemplo, hay 12 leyes autonómicas sobre memoria democrática vigentes), pero también con las entidades memorialistas. Será el gobierno central el que coordine todas las administraciones, pero concerniendo a todos los responsables públicos, de los diferentes niveles.

Sectores memorialistas han calculado que, con la ayuda del Estado, se podría llegar a recuperar entre 20.000-25.000 cuerpos de desaparecidos. Pero no se podrá encontrar a más de 100.000 víctimas más de la represión.

La resignificación el Valle de los Caídos

Esta ha sido una de las reclamaciones de las asociaciones memorialistas: la transformación del mausoleo franquista, para convertirlo en un símbolo de la democracia, si eso es posible. Esa resignificación pasaría por que la gestión pase a Patrimonio Nacional y la expulsión de los benedictinos que, hasta ahora, han sido uno de los mayores obstáculos para conseguirlo.

El objetivo sería convertir el Valle en un lugar que sirva para explicar lo que significó la Guerra Civil, la dictadura, el trabajo esclavo, pero, sobre todo, el papel que jugaron los represores, incluyendo el papel del régimen, de la Iglesia y otros sectores sociales. Por tanto, dándole una finalidad pedagógica clara.

Prohibición de la exaltación del franquismo

Aunque parezca increíble, en nuestro país, tras más de cuarenta años de democracia, aún hay muchos que siguen enalteciendo y glorificando la dictadura, algo que se ha considerado, incluso a nivel internacional, como una anomalía democrática.

Las asociaciones y fundaciones que, dependiendo de fondos públicos, hagan exaltación del franquismo o de sus figuras, que inciten, directa o indirectamente, al odio, la violencia o la vejación contra las víctimas de la guerra y el franquismo, podrán ser prohibidas, y no podrán recibir subvenciones, bonificaciones o prestaciones públicas. Esta medida requerirá modificar la Ley Orgánica del Derecho de Asociación y la Ley de Fundaciones, pero ha sido uno de los caballos de batalla de la memoria histórica.

Esto irá de la mano con un nuevo régimen sancionador, que antes no existía, que incluirá acciones como la destrucción de fosas, de lugares de memoria democrática o de elementos simbólicos; también la falta de adopción de medidas para impedir o acabar actos de exaltación del franquismo que menosprecien a las víctimas.

También debería servir para acabar con la simbología franquista que aún se puede encontrar en las calles de España, y que servía al régimen para recordar a la ciudadanía el triunfo de los golpistas. A comienzos de este 2020 aún había más de 1.000 calles y plazas, en más de 630 municipios, que recordaban al régimen, especialmente en Castilla y León y Castilla La Mancha. Y se evitaría que algunos ayuntamientos, con el cambio de signo en el consistorio, revertiesen las medidas adoptadas en el marco de la ley de 2007, como ha pasado en Madrid o en Córdoba.

Anulación de las condenas de la dictadura

Se trata de un reconocimiento de las víctimas, a través de la “nulidad” de sus condenas por motivos políticos, de ideología o creencias. Se trata de un paso más allá de la “ilegitimidad” que establecía la ley de 2007. En este grupo se incluiría el juicio y la sentencia contra el presidente catalán Lluís Companys.

Retirada de honores

La nueva ley prevé la eliminación de los títulos nobiliarios establecidos por el dictador y retirar las condecoraciones a personas relacionadas con el régimen, algo que, hasta ahora, no había sido permitido por la legislación. Se trataría, por ejemplo, de honores y condecoraciones recibidas por actividades en contra de la democracia.

Se trata de la revocación de distinciones y honores que estén relacionados con la exaltación de la Guerra Civil o del franquismo.

La mejora de la pedagogía

La memoria democrática se incorporará con mayor potencial al currículum educativo en la fase secundaria y en el bachillerato, pero también se fomentará la formación del profesorado. Es necesario que todo lo que pasó aparezca en los libros de texto, que se convierta en una verdad oficial, y no algo que se mantenga medio oculto en las aulas.

Se trata de garantizar el deber de la memoria, como garantía de no repetición, y en ese paso las administraciones públicas deben liderar las medidas necesarias para el fomento de la formación. Para ello se actualizarán los contenidos curriculares y se fomentará la investigación y la divulgación, con el fin de fomentar, promover y garantizar el conocimiento de la historia española entre la ciudadanía.

Se garantizará el acceso a los fondos documentales de los archivos que, hasta ahora, en muchos casos han estado vedados a los investigadores y académicos (como en el caso de los archivos de la Fundación Francisco Franco, que controla una ingente cantidad de documentación a la que no se permite el acceso).

Nuevas fechas para la memoria

Se señalan en el calendario dos nuevas fechas conmemorativas. El 8 de mayo, que honrará la memoria de los españoles que murieron en los campos de concentración nazis, y que celebrará también la liberación de Europa del yugo fascista. Y el 31 de octubre, momento en que se aprobó el proyecto de Constitución de 1978 en el Congreso de Diputados.

Estas fechas contrastan con algunas de las principales “conmemoraciones” que se han mantenido en España, como el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, pero que durante muchos años fue considerado también el Día de la Raza. ¿Realmente se puede hablar de espíritu democrático de esa fecha y lo que significa?

La reparación de las víctimas de trabajos forzosos

Reconocimiento y reparación de las víctimas de los trabajos forzosos, incluyendo la señalización de lugares para su identificación y recuerdo. Impulso para que las empresas y organizaciones que se beneficiaron de ese trabajo esclavo adopten medidas de reconocimiento y reparación (igual que se hizo en Alemania con las empresas que habían contratado mano de obra esclava), y la confección de un inventario de obras realizadas por prisioneros de los campos de concentración, Batallones de Trabajadores, Batallones Disciplinarios, Colonias Penitenciarias Militarizadas, etc.

Introducción de la perspectiva transversal

Se introduce la perspectiva de género en el ámbito de la memoria histórica, un factor que ha estado bastante abandonado hasta ahora. Se reconoce así el papel de las mujeres españolas como protagonistas de la larga lucha por la democracia y sus valores, y la represión específica y el sufrimiento infringido por el hecho de ser mujeres.

Asimismo, el texto también recuerda a los que sufrieron la represión por su etnia o diversidad sexual, intentando rescatar a todos los colectivos que fueron represaliados.

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